Elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), de la Fiscalía General del Estado (FGE), golpearon al reportero Felipe de Jesús Markario Sierra Martínez cuando cubría un operativo de seguridad en el municipio de Juventino Rosas.
La agresión ocurrió la mañana del lunes, cuando el periodista acudió a la comunidad de San Antonio de las Maravillas, del municipio de Villagrán, donde personal de la FGE realizaba cateos.
El comunicador del Periódico en Línea denunció que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), del grupo GERI lo golpearon con las cachas de sus armas, le robaron su celular y le rompieron sus lentes.
En una transmisión en vivo, desde la página de Periódico en Línea, Jesús Makario Sierra mostró sus lesiones y denunció la agresión que sufrió por parte del personal de la FGE, dependencia que forma parte del Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Vamos a poner la denuncia correspondiente porque me golpearon; no se vale, uno viene a recoger imágenes, identificado plenamente; me tiraron, me golpearon entre las camionetas, me robaron mi teléfono”, acusó el comunicador.
Mencionó que tenía mareos y dolores en el rostro por los golpes que recibió con las cachas de las armas.
“¡Tengo ganas de vomitar, me siento mal!”, exclamó el reportero, de 42 años de edad, durante la transmisión en vivo, mientras su compañero solicitó ayuda para pedir una ambulancia.
El comunicador fue llevado al Hospital Comunitario de Juventino Rosas y al lugar llegó el alcalde, Fidel Ruiz Ramírez.
El Consejo de Protección a Periodistas emitió medidas de protección para el reportero y brindará acompañamiento para que interponga una denuncia ante el Ministerio Público y ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
La fiscalía informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer la denuncia realizada, determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones de ley.
“Esta institución no tolera conductas de abuso, intimidación ni uso indebido de la fuerza. Toda actuación debe apegarse estrictamente a los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto estricto a los derechos humanos”, recalcó la dependencia encabezada por el fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste.
Anunció que, a la par, darán acompañamiento institucional a la víctima para garantizar la atención médica que requiera.
“La fiscalía reconoce y respeta plenamente la labor periodística como un pilar fundamental de la vida democrática”, sostuvo.
Ninguna actuación institucional puede vulnerar la integridad, la dignidad ni los derechos de los periodistas, sentenció.
Por su parte, la diputada, Susana Bermúdez Cano condenó la agresión y recordó que el Congreso reformó el Código Penal, la Constitución y la Ley de Protección de Periodistas para mejorar los mecanismos de defensa.
La agresión contra el periodista no puede quedar impune porque “debemos mandar un mensaje claro: las reformas se hicieron para cumplirlas, para proteger a los periodistas”, enfatizó.
El artículo 240 d del Código Penal castiga de uno a seis años de prisión a quien “utilice la violencia o el acoso para impedir que se ejerza la actividad periodística”.
“Cuando en la comisión de este delito intervenga un servidor público, la pena de prisión se aumentará de una mitad del mínimo a una mitad del máximo; y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión públicos por un término igual al de la sanción privativa de la libertad impuesta”, estipula.
