Dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron vinculados a proceso penal por retener a un trailero, quien posteriormente fue privado de la libertad y víctima de extorsión por dos hombres.
“Con los datos de prueba obtenidos en los trabajos de investigación, la Fiscalía General del Estado solicitó y obtuvo de la autoridad judicial órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas este martes 12 de mayo”, informó el Grupo de Inteligencia Operativa, integrado por autoridades estatales y federales.
A través de un video grabado con la cámara del tráiler, se observa cómo elementos estatales detienen a un chofer sobre la carretera federal 45, le solicitan sus documentos y posteriormente se retiran.
De inmediato, dos hombres subieron a la cabina del tráiler y amagaron al conductor. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril.
Los oficiales son acusados de abuso de autoridad por retener irregularmente al camionero; sin embargo, no enfrentan cargos por la privación de la libertad ni por la extorsión.
“De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Ricardo y Emmanuel Israel, ambos integrantes de FSPE, presuntamente participaron en la retención irregular del conductor de un tractocamión, quien posteriormente habría sido privado de la libertad y víctima de extorsión por parte de civiles”, señaló el Grupo.
El GIO recordó que posteriormente recuperaron el tractocamión y localizaron al operador en óptimas condiciones de salud.
“Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional determinó vincular a proceso a ambos imputados por el ilícito penal de abuso de autoridad, decretando dos meses para el cierre de la investigación complementaria”, informó.
Los elementos fueron cesados de sus cargos, aunque seguirán el proceso penal en libertad debido a que el delito imputado no es considerado grave.
De acuerdo con el artículo 253 del Código Penal, se impondrán de dos a ocho años de prisión “al servidor público que dolosamente, con motivo de sus funciones, exceda el límite de sus potestades o atribuciones, en detrimento de un particular o de la función pública”.
El Grupo de Inteligencia Operativa sostuvo que la conducta de los elementos cesados y vinculados a proceso lastima la confianza de la población y afecta el trabajo honesto y comprometido de miles de servidores públicos de las instituciones de seguridad.
“Por ello, ninguna actuación contraria a la ley, a los principios institucionales y a la vocación de servicio será tolerada por el Estado”, concluyó.
