Organizaciones y redes de acompañamiento en Guanajuato señalaron que la falta de avances en el Congreso del Estado para discutir la despenalización del aborto mantiene abierto el debate sobre el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Colectivos a favor de los derechos reproductivos consideraron que la negativa de la mayoría legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) representa un intento por mantener una postura conservadora sobre el tema. Asimismo, señalaron que esta situación ha derivado en señalamientos y procesos de investigación contra mujeres que buscan interrumpir un embarazo, aunque los casos no lleguen a judicializarse.
La directora de la organización Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, afirmó que el debate legislativo ha provocado que más personas busquen información sobre métodos de interrupción del embarazo y redes de acompañamiento. De acuerdo con la activista, la organización ha realizado alrededor de 5 mil acompañamientos en los últimos dos años y atendido casos que derivaron en denuncias durante 2022.
Cruz Sánchez sostuvo que existe un mandato judicial pendiente de cumplirse y señaló que, independientemente de los cambios legislativos, las mujeres continúan recurriendo a distintos métodos para interrumpir embarazos no deseados.
Por su parte, integrantes de la Red de Acompañantes de León señalaron que el retraso en el cumplimiento del plazo otorgado por la SCJN únicamente aplaza la discusión formal sobre el tema en el Congreso local. La agrupación obtuvo en abril un amparo a favor de 60 mujeres relacionado con el acceso a servicios vinculados a la interrupción del embarazo.
Las organizaciones también denunciaron que en algunos espacios de salud pública persisten prácticas de intimidación o advertencias sobre posibles denuncias penales contra mujeres que buscan atención médica relacionada con abortos autogestivos.
De acuerdo con datos citados por las colectivas, en los últimos cuatro años se han abierto 107 carpetas de investigación por el delito de aborto en Guanajuato. Aunque ninguno de los casos ha llegado a juicio debido a la inexistencia de delito, señalaron que las investigaciones han generado obstáculos para acceder a servicios de salud en situaciones de emergencia.
María Alcántara, vocera de la Red de Acompañantes de León, compartió el caso de una joven que solicitó ayuda médica tras presentar una hemorragia y que, según relató, fue informada de que primero debía rendir declaración ante el Ministerio Público.
Las agrupaciones insistieron en que el debate continúa pendiente en Guanajuato, mientras organizaciones civiles y autoridades mantienen posturas distintas sobre la despenalización del aborto y su regulación en el estado.
