Organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, familiares de víctimas y colectivos de derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades estatales para reforzar las medidas de protección dirigidas a quienes realizan labores de búsqueda, luego del asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir.
Mediante un pronunciamiento conjunto, las agrupaciones señalaron que el crimen refleja el contexto de riesgo que enfrentan las personas buscadoras en Guanajuato, por lo que solicitaron acciones inmediatas para garantizar su seguridad y evitar que se repitan hechos similares. También exigieron que las investigaciones relacionadas con agresiones contra integrantes de estos colectivos avancen con transparencia y resultados concretos.
Los firmantes pidieron a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y al fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, presentar información pública sobre el estado que guardan las carpetas de investigación por asesinatos, desapariciones y ataques cometidos contra personas buscadoras, al considerar que existe poca claridad sobre el seguimiento de estos casos.
En el documento también advirtieron que, desde 2018, al menos nueve personas buscadoras han sido asesinadas en la entidad, incluyendo a Patricia Negrete, mientras que seis integrantes de colectivos permanecen desaparecidos, cifras que, afirmaron, evidencian la vulnerabilidad en la que desarrollan su labor.
Patricia Negrete buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete, desaparecida desde 2021. La activista fue atacada a balazos la noche del 23 de junio, cuando salía de su jornada laboral en el Hospital Regional de Pénjamo. Su asesinato provocó la condena de organizaciones nacionales e internacionales, que también solicitaron una investigación con perspectiva de derechos humanos y de género.
Los colectivos reiteraron que la búsqueda de personas desaparecidas no debe convertirse en una actividad de alto riesgo y demandaron que el Estado implemente mecanismos efectivos de protección, además de garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las familias afectadas.
