El Secretario de Estado, Jorge Jiménez Lona, reconoció que el Código Penal de Guanajuato dificulta el trabajo de la Fiscalía General del Estado al momento de acreditar un homicidio de una mujer como feminicidio ante un juez.
Actualmente, para que un caso sea considerado feminicidio, debe cumplir con varios requisitos establecidos en la ley, ya que se trata de un delito por razón de género, es decir, cometido por el simple hecho de ser mujer.
Jiménez Lona informó que se han realizado gestiones con el Congreso del Estado para simplificar estos requisitos y modificar el código penal, permitiendo que más casos sean considerados como feminicidio y no solo como homicidios.
¿Qué establece la ley actualmente?
De acuerdo con el Artículo 153-A del Código Penal de Guanajuato, se considera feminicidio cuando la víctima es mujer y la privación de la vida se comete por razones de género, lo que implica que ocurra al menos uno de los siguientes supuestos:
Que haya sido incomunicada.
Que haya sido violentada sexualmente.
Que haya sido vejada.
Que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, incluso en el cadáver.
Que haya existido amenazas, acoso, lesiones o violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar.
Que el agresor haya tenido una relación íntima, de convivencia, confianza, noviazgo, parentesco, matrimonio o concubinato con la víctima.
Que el cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público.
Actualmente, la pena por feminicidio en Guanajuato va de 30 a 60 años de prisión, además de una multa de 300 a 600 días.
Reformas en discusión
Jiménez Lona subrayó la importancia de trabajar junto con el Congreso del Estado para hacer más sencilla la acreditación del feminicidio, permitiendo que la Fiscalía tenga más herramientas para presentar pruebas contundentes ante los jueces.
No obstante, el funcionario estatal aclaró que “no todo homicidio de una mujer es feminicidio”, ya que la ley establece criterios específicos para determinar esta tipificación.
Las posibles reformas buscan cerrar vacíos legales, agilizar el acceso a la justicia y garantizar que más casos de violencia extrema contra mujeres sean juzgados como feminicidios.
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