En el Congreso del Estado, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables avanzó en los trabajos de una iniciativa que podría cambiar el destino de cientos de personas que, todos los días, salen a documentar la verdad, a señalar abusos, a buscar justicia, y a exigir respuestas que otros prefieren ocultar.
Se trata de una propuesta de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y no es cualquier reforma: esta busca ampliar las medidas preventivas y de protección para quienes hoy ejercen el periodismo o la defensa de los derechos humanos en un entorno cada vez más hostil.
Durante la sesión, las y los legisladores coincidieron en algo fundamental: esta no es solo una reforma de papel. Es una declaración de principios. Un grito colectivo para decir que la dignidad humana no puede ser negociable. Que no habrá democracia plena mientras un periodista tenga miedo de escribir, mientras un defensor dude en alzar la voz por temor a desaparecer.
El Congreso reconoció con claridad lo que muchos prefieren ignorar: que cada nota periodística, cada búsqueda de una persona desaparecida, cada denuncia por tortura o abuso de autoridad, se hace con el corazón en la mano, con la valentía de quienes saben que lo que está en juego no es solo una historia, sino la vida misma.
Porque ejercer el periodismo o defender los derechos humanos en México es un acto de valentía. Detrás de cada investigación hay personas que han convertido la verdad en su causa de vida. Y muchas veces, su compromiso los ha llevado a pagar un precio demasiado alto: la pérdida de su libertad, de su integridad, e incluso, en los casos más desgarradores, de su propia vida.
Por eso, esta reforma no puede quedarse en el archivo legislativo. Es urgente. Necesaria. Vital. Porque busca proteger a quienes hoy documentan lo que otros no quieren ver: a quienes buscan entre fosas y papeles oficiales las pistas de miles de personas desaparecidas; a quienes denuncian el abuso del poder y revelan verdades incómodas.
La iniciativa también reconoce el papel esencial de los periodistas en la vida democrática. Ellos no solo informan: forman opinión, vigilan al poder, generan debate, y lo más importante, garantizan que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la verdad.
Respaldar esta reforma no es un acto político. Es un acto de justicia. Es apostar por un estado donde la crítica no sea castigada, donde la información fluya libremente y donde nadie tenga que elegir entre decir la verdad o mantenerse con vida.
Hoy Guanajuato tiene la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia. Y ojalá que esta reforma no solo avance, sino que inspire a otros estados a seguir el mismo camino.
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