En respuesta al creciente señalamiento de que organizaciones criminales están involucrando a jóvenes mediante promesas de empleo fraudulentas, diputados del estado de Guanajuato han presentado una propuesta legal para tipificar el “reclutamiento forzado” como un delito grave, con penas que podrían alcanzar entre 80 y 140 años de prisión.
La iniciativa busca establecer castigos severos para quienes captan o utilizan a personas jóvenes en actividades delictivas, con la finalidad de disuadir la práctica y ofrecer un marco jurídico claro para su persecución. Además, se plantea que esta tipificación faciliten campañas de prevención y orientación para jóvenes y familias vulnerables.
Durante la presentación del proyecto, los promoventes enfatizaron que el reclutamiento no solo ocurre mediante violencia directa, sino también con engaños: ofertas laborales que no existen, sueldos elevados, falsas promesas de estabilidad, e invitaciones de trabajo que terminan siendo una trampa. Las nuevas disposiciones buscarían atender estos mecanismos de captación disfrazada.
El debate legislativo tocará otros aspectos clave, como mecanismos de denuncia, protección para víctimas y testigos, coordinación entre instancias estatales y federales, y medidas de rescate para jóvenes atrapados por estas redes criminales. Además, se propondrá que el castigo también alcance a funcionarios públicos o intermediarios que faciliten o participen en estas redes de reclutamiento.
La presentación de esta iniciativa se da en medio de crecientes alertas ciudadanas y denuncias de familiares que señalan desapariciones seguidas del involucramiento de sus hijos en actividades del crimen organizado. De aprobarse, estos cambios podrían sentar un precedente en el estado para endurecer la respuesta institucional contra este fenómeno.
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