El presidente de la organización de centros de rehabilitación del Bajío, Nicolás Pérez Ponce, denunció que más del 50 % de los aproximadamente 3 500 establecimientos para tratar adicciones que operan en el estado incurren en abusos graves. Entre las irregularidades más recurrentes figuran golpes, amenazas, encierros forzados y alimentación deficiente para personas que buscan recuperarse de una dependencia.
Los municipios con mayor número de quejas son León, Irapuato, Celaya y Silao, donde se han documentado operativos, denuncias por maltrato y, en al menos un caso, un homicidio ocurrido hace poco más de un año. Pérez Ponce señaló además que, pese a las investigaciones realizadas por las autoridades, algunos centros ya sancionados han vuelto a abrir y continuado con las mismas prácticas.
En respuesta a esta situación, el dirigente convocó a las autoridades estatales y a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a entablar una mesa de trabajo urgente para revisar la operación de estos espacios, garantizar la seguridad de los internos y evitar que la rehabilitación se convierta en un riesgo para quienes buscan ayuda.
Queda pendiente que las autoridades estatales detallen las sanciones aplicadas, los criterios para autorizar estos centros, y los mecanismos de supervisión que actualmente existen para asegurar que cumplen con los estándares de atención y protección a los derechos humanos.


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