La crisis de personas desaparecidas en México, que supera las 132 mil víctimas, ha encendido alertas internacionales, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtiera que existen indicios para considerar estos hechos como crímenes de lesa humanidad debido a su carácter generalizado y a los altos niveles de impunidad.
Además, México concentra el 38% de las acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial, una cifra considerada sin precedentes, incluso en comparación con países que viven conflictos armados.
En el caso de Guanajuato, la situación es especialmente grave. Actualmente se reportan más de 5 mil 600 personas desaparecidas, mientras que en 2024 se registraron 4 mil 428 reportes y en 2025 otros 4 mil 339 casos, según datos de la Comisión Estatal de Búsqueda.
A esto se suma el hallazgo de más de 700 fosas clandestinas en la entidad durante los últimos años, así como un aumento del 54% en la tasa de desapariciones, lo que coloca al estado entre los más afectados del país. Municipios como León, Irapuato, Celaya y Salamanca concentran gran parte de los casos, en contextos vinculados a la violencia del crimen organizado.
La ONU también señaló deficiencias estructurales en las investigaciones, falta de coordinación entre autoridades y ausencia de estrategias eficaces de búsqueda. Asimismo, advirtió sobre la revictimización de las familias, quienes enfrentan obstáculos burocráticos y escasez de recursos.
Ante esta situación, las labores de búsqueda recaen principalmente en colectivos de familiares, que realizan brigadas y rastreos sin garantías de seguridad, mientras crece la presión internacional para que el Estado mexicano atienda la crisis humanitaria y refuerce las acciones de búsqueda y justicia.
