La entrada ilegal de calzado al mercado mexicano está frenando las inversiones y la expansión de las fábricas nacionales, advirtió Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG). Según el dirigente empresarial, el contrabando representa entre 80 y 100 millones de pares de zapatos, lo que genera condiciones de competencia desleal para los fabricantes establecidos en el país.
Cashat Usabiaga explicó que actualmente la industria opera aproximadamente al 55 por ciento de su capacidad instalada, mientras que el 45 por ciento restante permanece sin utilizar. Esta situación reduce los incentivos para ampliar las líneas de producción, pues las empresas no cuentan con condiciones de mercado que justifiquen un crecimiento de mayor escala.
El representante del sector consideró que, si se combatiera eficazmente el contrabando, la industria podría crecer cerca de 50 por ciento y generar más de 50 mil empleos directos, además de alrededor de 200 mil puestos de trabajo en toda la cadena productiva. Sin embargo, advirtió que la comercialización de productos ilegales, incluso mediante plataformas digitales, continúa afectando a los fabricantes nacionales.
Aunque algunas compañías han invertido en maquinaria y automatización para modernizar sus procesos, buena parte de esos recursos se destina a reemplazar equipos obsoletos y mantener la operación, en lugar de ampliar la producción. De acuerdo con la CICEG, esta diferencia refleja las dificultades que enfrenta el sector para realizar nuevas inversiones de crecimiento.
El dirigente también alertó sobre la venta de mercancía de procedencia irregular a través de páginas de internet y redes sociales, donde los consumidores pueden encontrar productos sin garantías sobre su origen. Por ello, recomendó verificar que los canales digitales de venta correspondan a las marcas y sean confiables.
La industria zapatera de Guanajuato, uno de los sectores manufactureros relevantes de la entidad, demanda medidas que frenen el ingreso y la comercialización ilegal de calzado. Para sus representantes, combatir estas prácticas permitiría aprovechar la capacidad productiva instalada, recuperar oportunidades de inversión y fortalecer el empleo en la región.
